Rechazan una oficina en RD para ayudar Haití

Compartir esto:

El anuncio de la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Mélanie Joly, de instalar en República Dominicana una oficina para coordinar la ayuda a la Policía Nacional de Haití ha encendido las alarmas en el país por las implicaciones de esta iniciativa en la sensible relación entre las dos naciones que comparten la isla de Santo Domingo. 

El gobierno dominicano fue el primero en rechazar las pretensiones de Canadá. El propio Canciller, Roberto Álvarez, negó que esa propuesta haya sido discutida o que se haya otorgado algún permiso. 

Álvarez aseguró que el gobierno dominicano “no ha discutido, acordado o concedido autorización alguna para la instalación en nuestro territorio de una oficina para coordinar apoyo a la Policía Nacional Haitiana”.

El gobierno también manifestó su rechazo a través del portavoz de la Presidencia, Homero Figueroa, quien emitió un mensaje de repudio de la iniciativa canadiense en su calidad de “vocero del presidente Luis Abinader”. 

“Como vocero del presidente Luis Abinader, y como afirmara el Canciller, nuestro país no ha aceptado ni aceptará en el futuro ninguna iniciativa que afecte la soberanía dominicana. Nuestra política con respecto al tema se mantiene invariable“, sostuvo el funcionario. 

Más adelante, enfatizó que, “por razones históricas, República Dominicana no puede participar en ninguna iniciativa que la comprometa en realizar acciones directas en Haití”. Abogó por la participación de la comunidad internacional en una solución definitiva a la crisis de Haití

Aunque República Dominicana ha suplicado la ayuda internacional para su vecino, el politólogo e internacionalista, Juan José Martínez Morales, entiende que al país no le conviene que funcione aquí una oficina de acopio de la ayuda para Haití porque “se estaría involucrando de una manera más directa en aspectos sensibles de la cuestión migratoria, que es la variable más complicada en las relaciones bilaterales domínico-haitianas”. 

Advierte que, “bajo ninguna circunstancia, ni en términos jurídicos ni legales, desde el punto de vista del derecho internacional, un estado puede instalar una oficina en otro estado sin la anuencia del estado donde se pretende instalarla”. 

Fuente : Diario Libre

(Visited 1 times, 1 visits today)
0
Compartir esto: